PRONUNCIAMIENTO DE LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Manifiesta:

Que los Partidos Políticos representados en el Congreso de la República impulsan una agenda legislativa con fines eminentemente electoreros y uso presupuestario aprovechándose de la desesperación de los ciudadanos y ciudadanas que viven el clima de violencia e inseguridad prevaleciente en el país.

Estas prácticas legislativas demuestran que los diputados y diputadas no tienen interés en impulsar y aprobar la agenda de seguridad y justicia para fortalecer la institucionalidad del Sistema de Administración de Justicia y Seguridad. Los diputados y diputadas han tenido en sus manos la aprobación de iniciativas de ley, las cuales pudieron haber reducido la inseguridad y la violencia, entre estas:

1. Ley de Policía de Investigación criminal;

2. Ley de servicios privados de seguridad;

3. Ley Nacional de la Juventud;

4. Reformas sobre carrera en la Ley Orgánica del Ministerio Público;

5. Reformas a la ley de Amparo;

6. Ley de enriquecimiento ilícito; entre otras.

El Decreto 37-2010 aprobado por el Congreso de la República “ley reguladora de la conmutación de la pena para los condenados a muerte” viola los estándares establecidos por el Sistema Interamericanao de Derechos Humanos, esencialmente la naturaleza del recurso de gracia, que finalmente se orienta a que no se prive de la vida de forma arbitraria, especialmente en cuanto a posibles errores judiciales.

Es incongruente que los diputados y diputadas aprobarán el mismo texto del Decreto 6-2008 que fue VETADO por el Presidente de la República mediante el Acuerdo Gubernativo 104-2008.

Por tanto:

a) Exigimos a los diputados y diputadas que retomen la agenda legislativa pendiente en materia de seguridad y justicia, la cual ha sido impulsada por organismos nacionales e internacionales, que dejen a un lado sus intereses electoreros y asuman una real representación de los intereses nacionales.

b) Al Presidente de la República que emita el VETO al decreto 37-2010 por ser contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional específicamente por violar la Constitución Política de la República y por ser contradictorio con los compromisos asumidos por el Estado en las Naciones Unidas y con otros órganos regionales.

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH –

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos – CIIDH –

Fundación Sobrevivientes

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG –

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala – ODHAG –

Seguridad en Democracia – SEDEM –

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – UDEFEGUA –

DOCUMENTO ADJUNTO: Análisis jurídico Decreto 37-2010

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